El día 5 los tabloides del Grupo Correo nos regalaron dos
páginas con un “análisis” de las declaraciones de bienes que los electos vascos
en Cortes Generales habíamos hecho, coincidiendo con la toma de posesión de
nuestros cargos.
Le he llamado “análisis”, pero, en realidad, por lo menos en
mi caso, que es el que mejor conozco, no era ni tan siquiera una descripción
real del contenido del documento oficial.
Era simplemente un artículo malicioso, hecho con el único
objetivo de confundir, enredar e intoxicar.
Vamos por partes.
En su sesuda investigación, Ivia Ugalde (que es quien
firmaba el artículo) dice de mi persona que tengo 4 viviendas y un pabellón
industrial en Bizkaia.
Pues sí: soy propietario de esos inmuebles y por eso los
incluí en mi declaración voluntaria de bienes.
Pero en la misma declaración, en la columna siguiente,
aclaro que son bienes en “Nuda propiedad.
Herencia”.
Entiendo que la autora no sepa lo que significa “Nuda
propiedad” (supongo que “herencia” si).
No todo el mundo puede saber de todo, pero desde la
invención de la Wikipedia es imperdonable e incomprensible escribir sin saber.
Simplificando, como describe el Notario Rosales, Nuda
Propiedad…
…”quiere decir que mientras viva “la máma”,
"la máma” manda y punto.”
O sea, que las propiedades que declaro son mías, pero en la
parte proporcional a cada uno de mis hermanos, solo de la mitad que NO es de mi
madre y, en todo caso, intocables mientras ella viva (que espero que sean
muchos años más).
Un compañero senador me decía que debería de haber puesto
los porcentajes de cada propiedad de las que era propietario y así me hubiera
ahorrado un problema.
Pues sí. Tenía razón.
Yo me hubiera ahorrado un problema, pero, de forma
indirecta, hubiera estado declarando también los bienes de mi madre y de mis
hermanos. O sea, les hubiera trasladado a ellos el problema de publicar sus
propiedades, sin comérselo ni bebérselo.
Me gustaría suponer, que mi familia mantiene intacto su
derecho a la intimidad, a pesar de estar emparentados conmigo, que no dejo de
ser un paria, electo/servidor público, bajo sospecha constante, cuando no
simplemente culpable porque si, de lo que sea. Sea o no sea.
Lo triste e indignante es que la investigadora periodística
solo escribió lo que le interesaba, no para transmitir la realidad, sino para
intoxicar y engañar a los ciudadanos/lectores del Correo y del Diario Vasco con
una media verdad.
La intención era seguir incidiendo en ese empeño de algunos
en “demostrar” que todos los políticos somos iguales a los que están imputados
y/o condenados por corrupción en España.
No pueden soportar que la corrupción en Euskadi y en España
no tenga nada que ver, ni cualitativa ni cuantitativamente y que la clase
política vasca sea radicalmente diferente de la española.
Y cualquier cosa vale para revolver y difamar. Incluso
sacrificar la propia profesionalidad y la deontología profesional de alguien
que, seguro, se considera a sí misma una profesional de la información.
Algo que, evidentemente, no es.
No importa que alguien no haga la declaración en tiempo y
forma.
Todos nosotros podríamos haber dilatado la presentación de
la declaración de bienes y hacerla ahora, sin ninguna consecuencia, después de
que ya haya salido el dichoso articulo "periodístico" manipulador.
O sea que, una vez más, volvemos a la Hispanistan de
Rinconete y Cortadillo. Hacer fraude de ley, bien.
Decir la verdad...un "delito" manipulable.
Pero hay también otras conclusiones a las que podemos
llegar.
La primera y la más grave es que en este artículo se pone
objetivamente en riesgo a las personas que aparecemos en él.
En una frase aparte, Ivia Ugalde dice “Pilar Ardanza posee
casi un millón de euros, en su mayoría heredado…”. Algo que repite y
re-argumenta en el texto del articulo.
Y esto lo dice una “periodista”, en un país en el que,
durante muchísimos años, hemos acabado aprendiendo que nunca se debían de hacer
públicos los ingresos de nadie, ni ostentación de lo que se poseía, porque
siempre aparecía alguien para cobrarse el correspondiente “impuesto
revolucionario”.
Y lo dice también en un momento en el que, aunque ya no haya
“impuesto revolucionario” (dicho con todas las cautelas y desde la ignorancia),
los secuestros express y las extorsiones a propios y familiares están a la
orden del día.
Cierto que toda esta es una información pública y accesible,
pero desde el viernes se ha convertido en una información publicada y visible,
a los ojos de cualquiera.
Yo tengo dos hijos adolescentes y mis hermanos los tienen
aún menores y no quisiera pensar que la irresponsabilidad de la autora haya
puesto o vaya a poner en riesgo su integridad, en base a una verdad a medias. O
sea, una mentira.
Por no entrar en que quien escribe no me conoce de nada ni
sabe cuáles son mis orígenes y circunstancias familiares, ni mi trayectoria
profesional o política. Ni como dentista en activo (que lo fui durante casi
quince años), ni como servidor público.
Sobra decir que, quienes nos dedicamos a lo que los
británicos llaman commonwealth (“riqueza publica”), debemos de ser razonables,
honestos y cumplidores con la ley y, además, debemos de parecerlo.
Defender y hacer uso de los derechos que nos asisten y están
establecidos, mientras lo estén, como personas y como electos, pero nada más.
Me cuesta mucho aceptar que, a quienes estamos en política,
no se nos respete el derecho a la presunción de inocencia y se nos aplique la
máxima de que “somos culpables, hasta que no demostremos lo contrario” y, por
tanto, debamos de aceptar nuestra condición de “sospechosos a perpetuis".
Como anécdota, no llevaba más de tres meses al frente del
Ayuntamiento de Lekeitio cuando los borrokas de la izquierda abertzale colgaron
una pancarta que decía "Jose Mª Cazais=Julian Muñoz". ¡¡Tres meses!!
¡¡Vaya habilidad la mía, para hacer en tres meses lo que
Cachuli tardó años en perpetrar!!
"Miente, que algo queda" pensarían los ideólogos
de la borrokada.
Igual que la autora del articulo que nos ocupa.
Bromas aparte, acepto que, si así lo quiere la ciudadanía,
mis ingresos sean analizados exhaustivamente.
Me parecería razonable que estas declaraciones de bienes e
ingresos que estamos obligados a hacer estuvieran en manos y fueran analizados
por la fiscalía anticorrupción o por un magistrado especializado.
Si que es cierto que me gustaría que esto mismo se aplicara
a otros gremios o sectores que manejan la economía y a funcionarios de
cualquier nivel, que gestionan recursos públicos.
Por supuesto, también a personas y medios que influyen en la
opinión de los ciudadanos, para ver si sus prácticas son honestas y no
meramente manipulativas, ni obedecen a la defensa de intereses empresariales o
particulares, ocultos y/o espurios.
Lo que me parece una aberración es que esta información
sensible sobre nuestras personas, pero también sobre nuestras familias,
cónyuges, hijos, padres, hermanos y demás parientes, que no se dedican a la
política, sea del dominio público y publicado, para que cualquier individuo las
pueda conocer, sea para agredir y delinquir o sea para intoxicar y engañar a
los ciudadanos que no tienen más información (o no quieren tenerla) que la que
transmiten algunos medios y algunos profesionales del periodismo, que lo son todo
menos precisamente eso: profesionales.
Hoy estoy en Sevilla, en la Conferencia Internacional sobre Economía Circular. 
Hoy estoy en Sevilla, en la Conferencia Internacional sobre Economía Circular. 
