Sueldos de alcaldes y alcaldesas: la demagogia que no acaba.

Aezkoa Ibarreko Errejidorea

Volvemos, como cada legislatura, a discutir y hacer politiquería con los salarios de alcaldes y alcaldesas y demás personas liberadas en los equipos de gobierno de nuestros ayuntamientos.
Algo que queda muy bien en las tertulias de bar, pero que no aporta nada a la dignificación de la política.
Algunos alcaldes/alcaldesas se bajan el sueldo, de forma arbitraria y unilateral, hasta lo que ellos consideran razonable o suficiente para ellos mismos.
Otros, en cambio, se lo suben.
Al fin y al cabo, los sueldos de las corporaciones los votan y establecen los Plenos de cada municipio y lo pueden hacer según su interés y sus mayorías.
Pero desde 2011 existe un “Acuerdo para la Gobernabilidad Municipal y el libre ejercicio de su cargo por concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas vascas”, aprobado por la práctica totalidad del espectro político vasco, en el seno de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos), que, con sus consiguientes revisiones y actualizaciones, determina cuales son los criterios para la fijación de los salarios de los ediles.
Por lo tanto, la cuestión está clara: aplíquense los salarios acordados, tal y como se hace en cualquier otro sector.
Se negocia y se firma un convenio y se aplica a los trabajadores que estén afectados por el acuerdo.
¿Alguien se imagina que cualquier trabajador/a decidiera “motu proprio” reducirse el sueldo, porque considerara que el del convenio es demasiado y a él o a ella le basta con un sueldo más bajo?
¿Alguien tiene dudas de lo que dirían o harían los sindicatos con ese trabajador o trabajadora?
¿Alguien se cree que los sindicatos aplaudirían la aplicación de una reducción de salario  establecido unilateralmente por ese trabajador o trabajadora al resto de los asalariados/as del sector?
Yo desde luego no me lo creo.

Pero hay otra cosa.
En 2013 se aprobó en las Cortes Generales españolas la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL).
A mí me tocó ser ponente de esa norma en el Senado y los que estuvimos en aquel proceso legislativo sabemos lo que costó defender la especificidad foral de la administración local vasca y que los ayuntamientos de Euskadi (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa) quedaran fuera de la aplicación de la ley española.
En esa ley se regulaban los salarios de los cargos públicos locales en España y, en cualquier caso, estaban y están por debajo de los salarios de sus equivalentes vascos.
Ni más ni menos que lo que ocurre con el resto de asalariados vascos con respecto a los españoles.
Es curioso que cuando hablamos de los sueldos de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, la izquierda abertzale pretenda igualar los salarios a los que se cobran en el resto del estado.
Pero cuando hablamos de los salarios del resto de la función pública (que también están por encima de los salarios españoles) el argumento sea el contrario y los sindicatos vascos defiendan el ámbito de decisión vasco y no paren de reivindicar subidas salariales muy por encima de las españolas.

Todo esto de los sueldos de los alcaldes y alcaldesas solo obedece a un ejercicio de demagogia barata, que, al final, no sirve más que para envilecer, para reducir la dignidad de los servidores públicos elegidos por los ciudadanos.
Y además dura lo que dura.
Yo he convivido con compañeros senadores y senadoras que defendían aquello del salario equivalente a tres veces el sueldo mínimo interprofesional. Muchos de ellos, buenos políticos/as, personas muy formadas, motivadas y trabajadoras, que hubieran seguido en la política, pero que renunciaron, porque en sus trabajos de origen cobraban más y…”con cuatro años, como experiencia, ya está bien, pero vuelvo a mi trabajo, que gano más”.
Es más, cuando MªDolores de Cospedal fue presidente de la Comunidad hizo una reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha (en la que también me tocó ser ponente), eliminando las retribuciones de los diputados a las Cortes de esa comunidad.
¿Quién puede meter horas como diputado si no tiene un salario por hacerlo?
¿Para ser diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha hacía falta ser rico o vivir de las rentas?
¿Los ciudadanos de esa comunidad estaban mejor representados y sus intereses mejor defendidos por personas que trabajaban gratis?

Es imprescindible que las personas que han decidido dedicarse al servicio público cobren un sueldo digno y suficientemente atractivo como para dejar sus actividades profesionales para trabajar por el pueblo.
Pero hay que hacerlo con acuerdos y con transparencia.
Lo que no puede ser es que un alcalde o alcaldesa decida subirse o bajarse el sueldo en función de sus gustos, necesidades y mayorías.
Las retribuciones tienen que ser dignas, estables y transparentes.
Ni más, ni menos.