Pregunta del CIS: ¿a que partido "con toda seguridad, no votaría nunca"?.

Hace ya un tiempo, estábamos en un pleno especialmente tedioso del Senado, en el que ya solo nos quedaba aguantar los improperios y diatribas que se dedicaban con especial entusiasmo entre PP, PSOE, Podemos y C’s (eso que todavía la moción de censura no era ni imaginable).
Acababa de publicarse el barómetro de abril del CIS y estábamos echándole una ojeada.
En esto que el Senador Bildarratz me dice: “mira que tabla más curiosa”.
La pregunta decía: “me gustaría que me dijera cual es la probabilidad de que vote a cada uno de los [partidos] que le voy a mencionar, utilizando para ello una escala del 0 al 10, siendo que el 0 significa que ‘con toda seguridad, no lo votaría nunca’ y el 10 que ‘con toda seguridad, le votaría siempre’.”
Esta es una de esas preguntas susceptibles de “cocinamientos” varios, algo de lo que siempre se acusa a las encuestas del CIS.
Porque, siendo la baremación del 0 al 10, lo único incontrovertible son los 0 y los 10. Todo lo demás está sujeto a interpretación.
Por otra parte, los 10 tampoco tienen demasiado valor, porque de poco sirve saber que un determinado porcentaje de la población te va a votar siempre.
Si acaso, sirve para medir el tamaño del club de fans y poco más.
Si solo contáramos con ellos, en todas las elecciones saldrían los mismos resultados.
Lo que me parece importante es saber qué proporción de la población a la que se dirige un proyecto político podría, en ciertas circunstancias, votar a un partido que normalmente no es de su preferencia.

Tabla 1

Dicho de otra manera, cuál de los partidos es el “menos antipático” o “repelente” para los votantes.
Cuál es el que menos rechazo absoluto genera y, por tanto, cuál podría crecer más, llegadas determinadas circunstancias.
Ese es el truco. Ahí, en saber llegar a estos colectivos, estaría la tecla del éxito.
Veamos que nos dice el CIS.
En el estudio nº 3242 de marzo/19 la pregunta en cuestión se hacía no solo a nivel estatal, sino que también autonómico.
Lógicamente, la valoración de los partidos de implantación estatal era diferente en función de si hablábamos del conjunto del Estado o de cada CC.AA. concreta.
En cualquier caso, los porcentajes nos enseñan el rechazo a cada partido por la generalidad de los votantes en su ámbito geográfico.
Los partidos vascos solo se valoran en la C.A. del País Vasco o en Nafarroa, porque no tendría sentido pedir una valoración del PNV en Cádiz (aunque igual también nos podríamos sorprender).
Con todas estas premisas he confeccionado unas tablas que podemos analizar.
Por ejemplo, según la tabla 1, de todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados, el que menos rechazo absoluto genera es EAJ-PNV, con un 32.9%. Curiosamente, el que más es Foro Asturias, con un 80.8%.
El 54.6% de los votantes no votaría nunca al PP y el 70.3% no lo haría a VOX.
Ni los partidos catalanes en Cataluña, ni los gallegos en Galicia o Compromis en Valencia se acercan.
Tampoco EH-Bildu en Euskadi, que tiene un 14,3% más de rechazo absoluto que EAJ-PNV.
Solo Coalición Canaria se arrima tímidamente en la C.A. de Canarias.
Por otra parte, si miramos a qué partido votarían siempre sus votantes, EAJ-PNV vuelve a ser el refugio electoral con más fieles: un 12.1%. Y el que menos fans incondicionales tiene es, de nuevo, Foro Asturias con un 0.3%.
Si comparamos, en cambio, entre las cifras generales del Estado y las de la C.A. del País Vasco y Nafarroa (tabla 2), vemos que los grandes partidos estatales tienen diferentes clubs de fans según el territorio.

Tabla 2

Si en España el 54.6 de los votantes nunca votaría al PP, en el País Vasco esa cifra se eleva hasta un 75%.
Ciudadanos pasaría de un rechazo del 47.5% en España al 71.3% aquí y el rechazo a VOX sería un 10.9% mayor en nuestro ámbito y un 12.5% mayor en Nafarroa que en el conjunto del Estado.

¿Por qué?
Cada uno que se busque su propia respuesta.
Yo no soy sociólogo y no me atrevo a dar una.
Lo que sí parece evidente es que el partido que menos rechazo absoluto provoca entre los electores de su ámbito de actuación es el PNV y eso no puede ser casual.
A pesar de ser el blanco de todas las iras y objetivo de todas las maledicencias, los ciudadanos entienden que, en determinadas circunstancias (diferentes para cada cual) el PNV puede ser un refugio positivo para sus votos.
Y eso nos tiene que congratular a quienes alguna vez hemos sido electos en nombre de EAJ-PNV y, por el contrario, servir de toque de atención a quienes Euskadi y los vascos les importan un pimiento.

Sueldos de alcaldes y alcaldesas: la demagogia que no acaba.

Aezkoa Ibarreko Errejidorea

Volvemos, como cada legislatura, a discutir y hacer politiquería con los salarios de alcaldes y alcaldesas y demás personas liberadas en los equipos de gobierno de nuestros ayuntamientos.
Algo que queda muy bien en las tertulias de bar, pero que no aporta nada a la dignificación de la política.
Algunos alcaldes/alcaldesas se bajan el sueldo, de forma arbitraria y unilateral, hasta lo que ellos consideran razonable o suficiente para ellos mismos.
Otros, en cambio, se lo suben.
Al fin y al cabo, los sueldos de las corporaciones los votan y establecen los Plenos de cada municipio y lo pueden hacer según su interés y sus mayorías.
Pero desde 2011 existe un “Acuerdo para la Gobernabilidad Municipal y el libre ejercicio de su cargo por concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas vascas”, aprobado por la práctica totalidad del espectro político vasco, en el seno de EUDEL (Asociación de Municipios Vascos), que, con sus consiguientes revisiones y actualizaciones, determina cuales son los criterios para la fijación de los salarios de los ediles.
Por lo tanto, la cuestión está clara: aplíquense los salarios acordados, tal y como se hace en cualquier otro sector.
Se negocia y se firma un convenio y se aplica a los trabajadores que estén afectados por el acuerdo.
¿Alguien se imagina que cualquier trabajador/a decidiera “motu proprio” reducirse el sueldo, porque considerara que el del convenio es demasiado y a él o a ella le basta con un sueldo más bajo?
¿Alguien tiene dudas de lo que dirían o harían los sindicatos con ese trabajador o trabajadora?
¿Alguien se cree que los sindicatos aplaudirían la aplicación de una reducción de salario  establecido unilateralmente por ese trabajador o trabajadora al resto de los asalariados/as del sector?
Yo desde luego no me lo creo.

Pero hay otra cosa.
En 2013 se aprobó en las Cortes Generales españolas la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (LRSAL).
A mí me tocó ser ponente de esa norma en el Senado y los que estuvimos en aquel proceso legislativo sabemos lo que costó defender la especificidad foral de la administración local vasca y que los ayuntamientos de Euskadi (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa) quedaran fuera de la aplicación de la ley española.
En esa ley se regulaban los salarios de los cargos públicos locales en España y, en cualquier caso, estaban y están por debajo de los salarios de sus equivalentes vascos.
Ni más ni menos que lo que ocurre con el resto de asalariados vascos con respecto a los españoles.
Es curioso que cuando hablamos de los sueldos de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, la izquierda abertzale pretenda igualar los salarios a los que se cobran en el resto del estado.
Pero cuando hablamos de los salarios del resto de la función pública (que también están por encima de los salarios españoles) el argumento sea el contrario y los sindicatos vascos defiendan el ámbito de decisión vasco y no paren de reivindicar subidas salariales muy por encima de las españolas.

Todo esto de los sueldos de los alcaldes y alcaldesas solo obedece a un ejercicio de demagogia barata, que, al final, no sirve más que para envilecer, para reducir la dignidad de los servidores públicos elegidos por los ciudadanos.
Y además dura lo que dura.
Yo he convivido con compañeros senadores y senadoras que defendían aquello del salario equivalente a tres veces el sueldo mínimo interprofesional. Muchos de ellos, buenos políticos/as, personas muy formadas, motivadas y trabajadoras, que hubieran seguido en la política, pero que renunciaron, porque en sus trabajos de origen cobraban más y…”con cuatro años, como experiencia, ya está bien, pero vuelvo a mi trabajo, que gano más”.
Es más, cuando MªDolores de Cospedal fue presidente de la Comunidad hizo una reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha (en la que también me tocó ser ponente), eliminando las retribuciones de los diputados a las Cortes de esa comunidad.
¿Quién puede meter horas como diputado si no tiene un salario por hacerlo?
¿Para ser diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha hacía falta ser rico o vivir de las rentas?
¿Los ciudadanos de esa comunidad estaban mejor representados y sus intereses mejor defendidos por personas que trabajaban gratis?

Es imprescindible que las personas que han decidido dedicarse al servicio público cobren un sueldo digno y suficientemente atractivo como para dejar sus actividades profesionales para trabajar por el pueblo.
Pero hay que hacerlo con acuerdos y con transparencia.
Lo que no puede ser es que un alcalde o alcaldesa decida subirse o bajarse el sueldo en función de sus gustos, necesidades y mayorías.
Las retribuciones tienen que ser dignas, estables y transparentes.
Ni más, ni menos.