viernes, 30 de septiembre de 2016

Corrupción: la solución pasa por una efectiva independencia judicial





El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN:
Egun on, mahaiburu jauna, senatari jaun-andreok...
Senador Rodríguez Esquerdo, el problema no es repetirse; usted, yo y todos sabemos por qué lo hacen.
El problema y la pena es que ustedes no han incorporado ninguna de las aportaciones que hicimos aquí hace tres meses a través de enmiendas y a través de sugerencias en nuestras intervenciones.
Es más, siguen ustedes empecinándose, como ya se ha dicho, en que sean las Cortes Generales Españolas las que regulen los aforamientos de los parlamentarios autonómicos, algo que atenta contra la potestad de los propios parlamentos.
En fin, me temo que esta va a ser otra oportunidad perdida, otro día de la marmota y, en vez de un 28 de septiembre, casi más un 28 de diciembre, aunque no sea de santos, y menos inocentes.
Todos tenemos claro que la eliminación de los aforamientos no es para nada la solución al problema de la corrupción. Podría ser una medida efectiva, desde un punto de vista mediático, pero en realidad sería poco más que un lavado de cara del verdadero problema.
A los ciudadanos no nos importa demasiado o nada cuál es la instancia judicial que debe juzgar a los políticos y a los servidores públicos corruptos. Lo que la ciudadanía sí exige es que quienes roban dinero público sean juzgados con solvencia y rapidez; que los ladrones que han traicionado su confianza paguen por sus delitos y que devuelvan lo robado y que las penas sean ejemplares y ejemplarizantes. Eso sí lo exige la ciudadanía.
El problema real no es el aforamiento en sí mismo —ya se ha dicho aquí—.
El verdadero y terrible problema es el mal uso y el abuso que algunos partidos han hecho de esta y de otras figuras, como el indulto, en España, usándolas para parapetar a los corruptos tras las Cámaras legislativas y para enmarañar tanto los procesos judiciales que al final sí, realmente, la ciudadanía y hasta los propios corruptos piensan que el aforamiento es un escudo de impunidad.
Y esto, señorías, es lo que más indigna y enfada a los ciudadanos.
Vuelvo a repetir lo que dije en marzo: en total, señorías, en junio del 2014 había 280.154 personas aforadas por distintas razones en el Estado español, según datos facilitados por el mismo Gobierno.
Por lo tanto, seamos cautos y planteemos los cambios normativos con calma, con reflexión, con inteligencia y con una visión amplia y global de la estructura institucional del Estado… Pero con decisión.
No parece demasiado razonable retirar el aforamiento a los parlamentarios o a los jueces y mantenérselo al resto de aforados, no veo por qué.
Y por supuesto hay que hacer todo esto con absoluto respeto a las competencias de las diferentes Cámaras legislativas del Estado.
Pero lo más efectivo, señorías y lo realmente necesario, es un compromiso serio y leal de los partidos políticos y de todos los electos de cumplir y hacer cumplir las normas sin subterfugios ni trampas. Un compromiso real, no uno mediático y preelectoral como el que vimos ayer.
Y para eso no hacen falta complicados cambios normativos. Es importante mejorar las leyes, sí, cierto, evidentemente, como siempre.
Pero si todo el mundo cumpliera cabal y responsablemente las leyes que ya existen, las que ya existen, avanzaríamos enormemente en la solución del problema de la corrupción. Les puedo asegurar que esto es así, porque con las mismas leyes vigentes actualmente, los niveles de corrupción no son los mismos en todos lados.
Ni en calidad ni en cantidad. 
Lo que hay que ser es coherente con todo lo que estamos diciendo hoy y se dijo ayer en esta Cámara. Y hablando de coherencia aquí yo también quiero recordar a la senadora Elena Diego, como ha hecho el senador Rodríguez Esquerdo, porque creo que es el paradigma de la coherencia en política, y hay que recordarlo.
Esta coherencia se puede practicar a partir de mañana mismo, con un pacto entre todos los partidos políticos. Solo hace falta intención y decisión y dejar de lado el postureo y el interés electoral.
Intención y decisión en reforzar el Estado de derecho y sobre todo en conseguir una separación real de poderes y una independencia judicial efectiva. Algo básico para que la ciudadanía vea que lo que se plantea ya es serio.
Señorías, lo que hay que conseguir erradicar es que cada vez que se hable de los jueces del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional se hable de jueces progresistas y de jueces conservadores; porque nosotros no sabemos cuál es su ideario de vida, pero los catalogamos así precisamente por quien los ha elegido, y eso es lo que hay que erradicar. Si no conseguimos esto, la independencia judicial real, cualquier otra medida, incluida la eliminación del aforamiento, acabará siendo una trampa más en el solitario.
Una trampa más a nosotros mismos y, lo que es peor, una trampa más a la propia ciudadanía.
El Grupo Vasco está dispuesto a discutir y trabajar para conseguir una justicia justa, eficaz, eficiente y rápida, siempre que las decisiones sean fruto de planteamientos técnicos solventes y homologables a nivel europeo, tras una reflexión profunda y con consensos amplios. Desgraciadamente creemos que hoy volvemos a perder una gran oportunidad para buscar un compromiso en ese sentido.
Esperemos que la próxima vez que discutamos este tema (que espero que no sea en el próximo Pleno), lo hagamos de forma profunda y efectiva, sin presiones ni condicionantes mediáticos, sin postureo político preelectoral y con la única intención de acabar con este cáncer para la democracia que es la corrupción.
Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

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