Declaración de bienes de los parlamentarios: una manipulación triste y peligrosa.

El día 5 los tabloides del Grupo Correo nos regalaron dos páginas con un “análisis” de las declaraciones de bienes que los electos vascos en Cortes Generales habíamos hecho, coincidiendo con la toma de posesión de nuestros cargos.

Le he llamado “análisis”, pero, en realidad, por lo menos en mi caso, que es el que mejor conozco, no era ni tan siquiera una descripción real del contenido del documento oficial.

Era simplemente un artículo malicioso, hecho con el único objetivo de confundir, enredar e intoxicar.

Vamos por partes.

En su sesuda investigación, Ivia Ugalde (que es quien firmaba el artículo) dice de mi persona que tengo 4 viviendas y un pabellón industrial en Bizkaia.

Pues sí: soy propietario de esos inmuebles y por eso los incluí en mi declaración voluntaria de bienes.

Pero en la misma declaración, en la columna siguiente, aclaro que son bienes en “Nuda propiedad.  Herencia”.

Entiendo que la autora no sepa lo que significa “Nuda propiedad” (supongo que “herencia” si).

No todo el mundo puede saber de todo, pero desde la invención de la Wikipedia es imperdonable e incomprensible escribir sin saber.

Para comprobarlo, hice una rápida búsqueda en Google y encontré el link de la página del notario D. Francisco Rosales de Salamanca (de Alcalá de Guadaíra), en el que se explica el concepto claramente.

Simplificando, como describe el Notario Rosales, Nuda Propiedad…

…”quiere decir que mientras viva “la máma”,

"la máma” manda y punto.”

O sea, que las propiedades que declaro son mías, pero en la parte proporcional a cada uno de mis hermanos, solo de la mitad que NO es de mi madre y, en todo caso, intocables mientras ella viva (que espero que sean muchos años más).

Un compañero senador me decía que debería de haber puesto los porcentajes de cada propiedad de las que era propietario y así me hubiera ahorrado un problema.

Pues sí. Tenía razón.

Yo me hubiera ahorrado un problema, pero, de forma indirecta, hubiera estado declarando también los bienes de mi madre y de mis hermanos. O sea, les hubiera trasladado a ellos el problema de publicar sus propiedades, sin comérselo ni bebérselo.

Me gustaría suponer, que mi familia mantiene intacto su derecho a la intimidad, a pesar de estar emparentados conmigo, que no dejo de ser un paria, electo/servidor público, bajo sospecha constante, cuando no simplemente culpable porque si, de lo que sea. Sea o no sea.

Lo triste e indignante es que la investigadora periodística solo escribió lo que le interesaba, no para transmitir la realidad, sino para intoxicar y engañar a los ciudadanos/lectores del Correo y del Diario Vasco con una media verdad.

La intención era seguir incidiendo en ese empeño de algunos en “demostrar” que todos los políticos somos iguales a los que están imputados y/o condenados por corrupción en España.

No pueden soportar que la corrupción en Euskadi y en España no tenga nada que ver, ni cualitativa ni cuantitativamente y que la clase política vasca sea radicalmente diferente de la española.

Y cualquier cosa vale para revolver y difamar. Incluso sacrificar la propia profesionalidad y la deontología profesional de alguien que, seguro, se considera a sí misma una profesional de la información.

Algo que, evidentemente, no es.

No importa que alguien no haga la declaración en tiempo y forma.

Todos nosotros podríamos haber dilatado la presentación de la declaración de bienes y hacerla ahora, sin ninguna consecuencia, después de que ya haya salido el dichoso articulo "periodístico" manipulador.

O sea que, una vez más, volvemos a la Hispanistan de Rinconete y Cortadillo. Hacer fraude de ley, bien.

Decir la verdad...un "delito" manipulable.

Pero hay también otras conclusiones a las que podemos llegar.

La primera y la más grave es que en este artículo se pone

objetivamente en riesgo a las personas que aparecemos en él.

En una frase aparte, Ivia Ugalde dice “Pilar Ardanza posee casi un millón de euros, en su mayoría heredado…”. Algo que repite y re-argumenta en el texto del articulo.

Y esto lo dice una “periodista”, en un país en el que, durante muchísimos años, hemos acabado aprendiendo que nunca se debían de hacer públicos los ingresos de nadie, ni ostentación de lo que se poseía, porque siempre aparecía alguien para cobrarse el correspondiente “impuesto revolucionario”.

Y lo dice también en un momento en el que, aunque ya no haya “impuesto revolucionario” (dicho con todas las cautelas y desde la ignorancia), los secuestros express y las extorsiones a propios y familiares están a la orden del día.

Cierto que toda esta es una información pública y accesible, pero desde el viernes se ha convertido en una información publicada y visible, a los ojos de cualquiera.

Yo tengo dos hijos adolescentes y mis hermanos los tienen aún menores y no quisiera pensar que la irresponsabilidad de la autora haya puesto o vaya a poner en riesgo su integridad, en base a una verdad a medias. O sea, una mentira.

Por no entrar en que quien escribe no me conoce de nada ni sabe cuáles son mis orígenes y circunstancias familiares, ni mi trayectoria profesional o política. Ni como dentista en activo (que lo fui durante casi quince años), ni como servidor público.

Sobra decir que, quienes nos dedicamos a lo que los británicos llaman commonwealth (“riqueza publica”), debemos de ser razonables, honestos y cumplidores con la ley y, además, debemos de parecerlo.

Defender y hacer uso de los derechos que nos asisten y están establecidos, mientras lo estén, como personas y como electos, pero nada más.

Me cuesta mucho aceptar que, a quienes estamos en política, no se nos respete el derecho a la presunción de inocencia y se nos aplique la máxima de que “somos culpables, hasta que no demostremos lo contrario” y, por tanto, debamos de aceptar nuestra condición de “sospechosos a perpetuis".

Como anécdota, no llevaba más de tres meses al frente del Ayuntamiento de Lekeitio cuando los borrokas de la izquierda abertzale colgaron una pancarta que decía "Jose Mª Cazais=Julian Muñoz". ¡¡Tres meses!!

¡¡Vaya habilidad la mía, para hacer en tres meses lo que Cachuli tardó años en perpetrar!!

"Miente, que algo queda" pensarían los ideólogos de la borrokada.

Igual que la autora del articulo que nos ocupa.

Bromas aparte, acepto que, si así lo quiere la ciudadanía, mis ingresos sean analizados exhaustivamente.

Me parecería razonable que estas declaraciones de bienes e ingresos que estamos obligados a hacer estuvieran en manos y fueran analizados por la fiscalía anticorrupción o por un magistrado especializado.

Si que es cierto que me gustaría que esto mismo se aplicara a otros gremios o sectores que manejan la economía y a funcionarios de cualquier nivel, que gestionan recursos públicos.

Por supuesto, también a personas y medios que influyen en la opinión de los ciudadanos, para ver si sus prácticas son honestas y no meramente manipulativas, ni obedecen a la defensa de intereses empresariales o particulares, ocultos y/o espurios.

Lo que me parece una aberración es que esta información sensible sobre nuestras personas, pero también sobre nuestras familias, cónyuges, hijos, padres, hermanos y demás parientes, que no se dedican a la política, sea del dominio público y publicado, para que cualquier individuo las pueda conocer, sea para agredir y delinquir o sea para intoxicar y engañar a los ciudadanos que no tienen más información (o no quieren tenerla) que la que transmiten algunos medios y algunos profesionales del periodismo, que lo son todo menos precisamente eso: profesionales.