¿La “nueva política” resucitará al “viejo Senado”?

Esta “legislatura express” ha servido para muchas cosas, aunque parezca lo contrario.
Unas visibles ya mismo y otras que se materializarán a partir del 27 de Junio.
Entre ellas hay algunos cambios que incluso, podrían “salvar” al Senado.
Cuando terminó el Pleno de esta semana, aun no se habían disuelto las Cortes Generales, pero ya todos teníamos la sensación de haber finalizado una etapa y, por tanto, entramos en el bucle natural de las despedidas.
En una de esas conversaciones, una senadora de Podemos nos dijo algo sorprendente para nosotros. Según ella era increíble que los ciudadanos no supieran “la importante labor y el trabajo que se lleva a cabo en el Senado”.
A finales de 2014 planteaban la eliminación de las diputaciones, los consejos consultivos, la policía antidisturbios y el Senado.
Ahora la cosa ha cambiado y la necesidad es la de dar a conocer la importante labor que realiza la Cámara Alta.
Un cambio importante. Más teniendo en cuenta que, en los cuatro Plenos que hemos tenido, prácticamente solo hemos visto lo que en nuestro argot propio llamamos “mociones de campanario”, con propuestas generalistas, claramente pre-electorales y sin ningún recorrido real.
¿Qué pensaría esa senadora si esta hubiera una legislatura normal y hubiera estado en un grupo pequeño, siendo portavoz en 9 Comisiones?

Otro tema que ahora ya no genera tanto problema es el de los sueldos y “prebendas”. Cada grupo ha resuelto lo de las retribuciones como ha considerado oportuno, pero siguen existiendo diferencias entre las direcciones de los grupos y los senadores “modelo básico” y, que se sepa, nadie ha renunciado a su sueldo (salvo uno de los portavoces, que tenía que elegir entre la retribución del Senado y la del Parlamento madrileño y se quedó con esta última, porque suponían 700 € más).
Decían que querían cambiar las instituciones desde dentro “a través de la denuncia y la ejemplaridad”. Pero han luchado y presionado como cualquier otro grupo de la “vieja casta” por ocupar cargos orgánicos en la Cámara y por tener derecho a contratar más asistentes (personales y elegidos personalmente) y medios.
Todo ello sin renunciar a ninguno de aquellos privilegios que tanto criticaban. Viajan en avión y pillan taxis, manejan iPhones e iPads, exigen las clases particulares de inglés o francés para los asistentes, toman cervezas o café en el mismo bar y al mismo precio que el resto y comen el menú del día del Senado…como todo el mundo, sin renuncias ni suicidios colectivos.
Integración total y normalidad absoluta, solo con cuatro meses de “practicas”.

Pero probablemente el cambio más importante derivará de haberse dado cuenta de la capacidad de bloqueo que tiene el Senado en algunos procesos legislativos muy importantes.
Una capacidad de veto ciertamente muy-muy limitada ante las decisiones del Congreso (esencialmente, por una falta de fe en el propio sistema bicameral español por parte de los dos grandes partidos PP-PSOE), pero veto al fin.
Para cambiar el ordenamiento jurídico actual, tanto en temas sociales como "territoriales", hay que reformar  la Constitución y ahora todo el mundo se ha dado cuenta de que para eso hace falta contar también con la mayoría en el Senado.
Esa, la posibilidad de bloqueo de cualquier iniciativa de enjundia, ha sido una de las bazas que ha jugado el PP, que, a lo calladito,  también en esta legislatura había conseguido mayoría absoluta en el Senado.
Unos datos: en las elecciones de diciembre de 2015, 450.238 personas votaron al Congreso, pero no lo hicieron al Senado. Fueron a votar, pero solo usaron una papeleta.
Dentro de las urnas, hubo 573.859 votos nulos más para el Senado que para el Congreso y 790.547 más votos blancos.
En total, si sumamos los que ahora podrían llevar las dos papeletas y quienes votaron normalmente al Congreso, pero lo hicieron nulo o blanco al Senado, tenemos que en la convocatoria del 26 de junio podrían ponerse “en juego” 1.814.644 votos más, que tienen claro a quién votar para el Congreso y solo tienen que decidir que papeleta sepia va a juego con su papeleta blanca.
Más de un millón ochocientos mil votos que pueden variar bastante los resultados.

¿Y entonces? ¿Ahora qué?
¿Los partidos “anti-vieja política” van a seguir diciendo a sus seguidores y votantes que voten en blanco o hagan el voto nulo al Senado?
¿Algunos partidos van a seguir haciendo como que no tienen candidatos al Senado, por aquello de que esta Cámara no se considera más que un “cementerio de dinosaurios”?
¿O van a intentar atraer también el voto de los ciudadanos a sus candidaturas a la Cámara Alta?
¿O va a resultar que, si realmente se quiere cambiar algo en el Estado español, el Senado va a ser una pieza clave?
Esta podría ser una pieza importante del puzle, que muy probablemente vaya a cambiar parte del panorama político y electoral del Estado el 26 de junio.
Ya lo veremos.

El uso de LNG reduce la contaminación en los mares del Norte y Báltico

"La contaminación atmosférica en el mar del Norte y el Báltico se ha reducido considerablemente un año después de la introducción de los estrictos límites de azufre en los combustibles marinos..."

Buena noticia, que avala, ya sin lugar a dudas, la necesidad de replantearse, de forma decidida y sin más aplazamientos, el uso del gas natural licuado (LNG) como combustible para los grandes buques.
Si algún día hay gobierno en España (entendido "gobierno" como alguien responsable de hacer las cosas, no como la manera adecuada de hacerlas, porque esto último no parece fácil), seguiremos trabajando para conseguirlo.

Naucher Global: La contaminación de los buques se reduce significativamente debido a las SECA.

Aforamientos NO. Justicia justa SI.

Estas últimas semanas hemos discutido en el Senado dos iniciativas puramente propagandísticas sobre los aforamientos de diputados y senadores
Una del PSOE y otra del PP.
Parece lógico, por otra parte, que estas iniciativas las propusieran los dos partidos políticos españoles que más "derecho creativo" han practicado con esta figura legal, hasta deformarla e inutilizarla por el uso perverso que se ha hecho de ella.
Me da la impresión de que en este tema la ciudadanía en general ha sido objeto de una enorme manipulación, hasta conseguir que la palabra "aforamiento" signifique que los políticos pueden acogerse a unos “privilegios” que suponen que los ladrones públicos acaben yéndose de rositas sin que pase nada.
Se ha conseguido igualar “aforamiento=impunidad”, cuando no debería de ser así.
Los parlamentarios de las Cortes Generales (diputados y senadores) tenemos unas condiciones especiales ante la ley, recogidas en la Constitución, que podríamos llamar "prerrogativas parlamentarias". Básicamente y de forma resumida:
> la INVIOLABILIDAD, que es la garantía de irresponsabilidad jurídica por las opiniones manifestadas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones.
> la INMUNIDAD, como un arma de defensa ante arrestos, retenciones, imputaciones o cualquier otra circunstancia que pudiera impedir que un parlamentario ejerza sus funciones o modificar los equilibrios políticos en los parlamentos.
> el SUPLICATORIO, que es la necesidad de autorización de sus pares para que un parlamentario pueda ser detenido, inculpado o procesado.
> y el AFORAMIENTO, que es la figura según la cual diputados y senadores solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo.
¿Por qué existen estas prerrogativas?
La Constitución del 78 se redactó teniendo en cuenta la situación política en aquellos años y sin perder de vista la experiencia histórica de España, donde siempre había imperado el “irrespeto” de la monarquía y los poderes facticos a los derechos y garantías judiciales del pueblo y de los representantes de la soberanía popular.
Ahora los políticos españoles no se cansan de decir que la situación es muy diferente y, en parte, tienen razón, pero…
¿El riesgo de injerencia de los poderes fácticos o políticos en la justicia se ha eliminado?
¿Es la justicia española realmente independiente?
¿El estado de derecho en España es suficientemente robusto como para eliminar las protecciones a los parlamentarios?
Estas son las preguntas que necesitan respuestas claras y sin matices.
Uno de los argumentos que se utilizan contra los aforamientos es, precisamente, que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo y sus carreras profesionales dependen del Consejo General del Poder Judicial y que los miembros del Consejo los eligen el Congreso y el Senado.
Incluso, el presidente del CGPJ lo es también del Tribunal Supremo.
Por otro lado, si analizamos al Tribunal Constitucional, que en teoría es el garante de que se respeten los derechos constitucionales y las libertades de todos los ciudadanos (incluyendo a los parlamentarios), la situación es similar, porque los jueces de este altísimo tribunal se eligen directamente por las Cortes Generales, el Gobierno y el antedicho CGPJ, tras un pasteleo político evidente y hasta soez.
O sea que, unos tribunales elegidos por los parlamentarios son los encargados de juzgar a los parlamentarios.
¿Y qué pasa con la fiscalía?
El Ministerio Fiscal se define como un órgano único y jerarquizado, lo que significa que el jefe manda y el resto obedece.
El problema es que al Fiscal General del Estado lo nombra (y por lo tanto lo cesa, si es necesario) el Gobierno de turno.
Evidentemente, el Gobierno del Estado podría influir (e influye) de manera muy importante en las decisiones y las actitudes del Ministerio Fiscal.
En Euskadi no tenemos que ir muy lejos para corroborar esta injerencia sistémica en la justicia.
Solo tenemos que acordarnos del proceso contra el Presidente del Parlamento Vasco, Juan Mª Atutxa y sus compañeros de la Mesa, a raíz de la ilegalización de Batasuna en 2003.
Todo un presidente de un parlamento elegido democráticamente, juzgado por hacer su trabajo.
Juzgado e inhabilitado por intentar garantizar la integridad de quienes fueron legítimamente elegidos como representantes de la soberanía popular.
O más recientemente, analizar el caso Noos con el baile entre la doctrina Botin y la doctrina Atutxa; la conversión del fiscal en cualificado abogado defensor de Cristina de Borbon o la intervención de la abogacía del Estado catalogando lo de “hacienda somos todos” como una simple coletilla publicitaria sin mayor valor.
Todo esto es muy preocupante, por dos razones.
Primero, porque este “truco” se podría utilizar para beneficiar a los políticos y partidos corruptos que son los mismos que han elegido al tribunal.
Pero también porque este poder se podría utilizar en sentido contrario y servir para dificultar que el adversario político pueda ejercer sus funciones en libertad o incluso eliminarlo del panorama político.
Podría servir para proteger a los “suyos”, pero también para machacar a los “contrincantes”.
Visto lo visto, parece que, desgraciadamente, la democracia española no está suficientemente madura y desarrollada para poder prescindir de las prerrogativas parlamentarias instauradas en la Constitución del 78, aunque ahora sea por razones distintas.
Por otro lado, a la ciudadanía en general le da lo mismo cuál sea el juez encargado de juzgar al “chorizo”.
Lo que si exige es que el juicio sea justo y que “quien lo haga, que lo pague”…y devuelva el dinero.
Es más: incluso deberíamos de insistir en que sean precisamente los tribunales más preparados, con más medios y experiencia quienes juzguen estos delitos de “cuello blanco”, que normalmente se ocultan en tramas muy difíciles de desentrañar.
Llámese a esto aforamiento o como queramos.
Podemos invocar el principio de igualdad ante la ley, pidiendo que todos los delitos sean juzgados por el juez natural u ordinario predeterminado.
Esto podría considerarse más igualitario, pero tengo dudas de que sea más efectivo.
Es como si todos los problemas de salud los tuviera que solucionar el médico de cabecera del ambulatorio más cercano.
Una especie de Dr. Welby de la judicatura, que lo mismo pudiera hacer intervenciones de microcirugía neurológica que atender un parto de nalgas o quitar los tapones de los oídos.
La atención al ciudadano y la calidad en las decisiones están siempre estrechamente ligadas a la especialización, la experiencia y la disposición de medios humanos y materiales de quienes tienen que tomarlas.
En la medicina y también en la judicatura.
Tal vez, el aforamiento no se debería de considerar un privilegio, sino una garantía de que quienes tienen que instruir las causas y juzgar los delitos contra la “res publica” o la “commonwealth” (“riqueza común”) tengan, por lo menos, tantas capacidades técnicas, materiales y humanas  como quienes los cometen.
Por otro lado, desgraciadamente, una de las conclusiones a la que podríamos llegar es que, precisamente centrándolo todo en la campaña de eliminación de la figura del aforamiento, lo que se busca es que no se hable  ni de la inviolabilidad, la impunidad o los suplicatorios para los parlamentarios. Algo sobre lo que también podríamos discutir largo y tendido.
O, lo que es peor, que se intente despistar al personal haciéndonos creer que eliminando el aforamiento “la Justicia va a ser justa” y los gestores políticos no van a robar más. Algo evidentemente falso.
El problema no está en las leyes, que, sin duda, hay que modificar constantemente para adaptarlas a las necesidades reales de la sociedad en cada momento.
El problema está en el mal uso de las normas y en hacer trampas a la hora de aplicarlas.
Hagamos una reflexión seria, sosegada, realista y técnicamente solvente sobre las prerrogativas parlamentarias y, si llegamos a la conclusión de que ya no son necesarias o se han convertido más en un problema que en una solución, eliminémoslas. Simplemente. Si no son efectivas ni necesarias, se modifican o borran del ordenamiento jurídico y listo.
Y una vez sentados los nuevos códigos, busquemos el compromiso de toda la sociedad y, por supuesto, de todos los partidos y los servidores públicos, para respetar y hacer respetar la ley, no desde el temor al castigo, sino desde el convencimiento de la importancia vital del respeto a lo que es de todos, para conseguir una buena convivencia .
Pero no utilicemos este subterfugio del “aforamiento” para marear la perdiz, confundir a la ciudadanía y no afrontar el verdadero problema: que los poderes legislativo y ejecutivo sigan metiendo mano e influyendo en el poder judicial, que, al final, debería de ser el único garante de los derechos de todos, incluidos los parlamentarios.
Cuanta mayor fortaleza del estado de derecho, menos necesidad de protecciones especiales para nadie.

Los niños de Drancy...¡¡¡no permitamos que vuelva a pasar!!!

8 minutos desgarradores, que debemos de ver y que tenemos que tener muy presentes, para que no permitamos que ahora vuelva a suceder nada parecido en ninguna parte del mundo.
No sé cuánto hemos aprendido los europeos en 75 años, pero viendo las imágenes que nos pasan cada día en los programas informativos y viendo lo que está haciendo la vieja Europa con los nuevos refugiados, parece que no demasiado.
Esta es la historia de los niños de Drancy: un campo de concentración para los judíos franceses, a las afueras de París, cerca del aeropuerto de Le Bourget.
Mientras aquello pasaba en Francia y Alemania, también Franco quitaba, en España, sus hijos a las mujeres republicanas presas, para repartírselos entre los vencedores  y evitar así que los hijos republicanos salieran “mentalmente deformados”, después de que Vallejo-Najera (con el aplauso de Lopez Ibor y otros tantos reputados psiquiatras) “demostrara científicamente” la inferioridad mental de las personas de ideología marxista.
Puede ser que en con esta publicación esté cometiendo un delito, por reproducir unas secuencias del capítulo tres (“Fabricas de muerte”) de la magnífica serie de televisión  de la BBC “Auschwitz: The Nazis and the final solution”, pero me parece importante compartirlo, en un momento en el que tantos seres humanos, muchísimos de ellos niños, sufren las consecuencias de las guerra y del exilio aquí mismo, a la vuelta de la esquina..